La asociación 'Por Nuestro Betis' (PNB) y la Liga de Juristas Béticos presentaron, el pasado viernes, ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla la impugnación de la junta general de accionistas celebrada por el club verdiblanco el 20 de diciembre. Más concretamente, el viernes de la semana anterior distintos accionistas representantes de ambos colectivos presentaron, ante el mencionado juzgado, una demanda de impugnación de acuerdos sociales, en relación con dicha junta general de accionistas. Como se recordará, la misma transcurrió en un clima tumultuoso y culminó con la retirada de los representantes de la oposición a Lopera el cual, finalmente, pudo aprobar, sin presencia de esos opositores, y amparado en su mayoría accionarial, los puntos del día. 

El texto de la demanda consta de un total de 48 páginas y ha sido elaborado por expertos en Derecho Mercantil. En él se
resalta la "situación de alarma social" que han creado en el beticismo los "entramados societarios con empresas vinculadas al máximo accionista" que han sido analizados en sede judicial, así como las sentencias condenatorias existentes en los últimos tres años, tanto en el ámbito penal como fiscal. 

Del mismo modo, se recuerda la situación del convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento, y la cesión de los derechos urbanísticos del Betis a terceras empresas, sin olvidar la situación económica del club a fecha 30 de junio de 2006 "en base a la propia auditoria anexa a las cuentas anuales" de la entidad. 

No menos importante son los defectos de forma en la convocatoria de la junta de accionistas, que, se entiende, conculcan al menos en dos aspectos la Ley de Sociedades Anónimas, "lo que constituye ya de por sí motivo de nulidad".

Paralelamente, en la demanda de impugnación se saca a relucir la solicitud de información efectuada en su momento, en los plazos establecidos legalmente, y "claramente reflejada en acta notarial", en referencia a un amplio abanico de cuestiones por parte de centenares de accionistas, por sí mismos o representados a través de una plataforma de sindicación, pero que "en ningún caso" fue satisfecha ni de forma previa ni en el transcurso de la junta por el club.

Tampoco contestó el consejo de administración bético a otras cuestiones planteadas verbalmente en la propia sesión por parte de varios accionistas, sin olvidar que a dos accionistas no se les permitió hacer uso de la palabra, a pesar de haberlo solicitado ante Notario según lo establecido. 

Igualmente no se respetó el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, en una vulneración del derecho de información establecido en la propia Ley de Sociedades Anónimas. 

En cuanto al desarrollo de la junta en sí, se introduce también como elemento las dudas "más que razonables" existentes acerca del número real de acciones de la empresa Farusa, que han llevado en paralelo a solicitar la correspondiente indagación ante el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes.

En resumen, esta demanda de impugnación presentada el pasado viernes, se sustenta en la infracción de las normas de convocatoria de la junta general de accionistas, del derecho de asistencia y del derecho de información. Todo ello conforma, a juicio de los demandantes, un amplio elenco de motivos de nulidad de la propia junta y de los acuerdos en la misma adoptados. 

Cabe añadir que, si prosperara esta demanda, ello implicaría la nulidad de los acuerdos tomados en la junta del 20 de diciembre de 2007, incluido el presupuesto de la actual temporada. De esta manera, sería obligatoria la convocatoria de una nueva junta de accionistas, con los mismos puntos del día de la anterior.

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